EL GESTO DE LA ARROGANCIA: Por Qué La Violación De Una Orden Judicial Es El Crimen Banal Del Poder
La acusación contra el alto cargo de la Patrulla Fronteriza no es un incidente aislado, sino el síntoma crónico de una administración que opera bajo la hipocresía institucional. El desprecio por la orden del juez es la prueba de que, para el Poder Ejecutivo, el Estado de Derecho es negociable cuando se trata de la exhibición de la fuerza.
La noticia no es un error de cálculo; es una declaración operativa. Cuando un alto funcionario, investido de autoridad federal, decide ignorar una orden judicial expresa para utilizar un arma química (el gas lacrimógeno) contra manifestantes, está ejecutando la doctrina de la arrogancia institucional. La Patrulla Fronteriza, diseñada para proteger los límites exteriores de la nación, se convierte en un ejército interno que opera con la lógica de la fuerza sin rendición de cuentas.
La hipocresía estructural reside en que este acto no es una revuelta individual, sino una extensión lógica de la filosofía de poder que se ha instalado. La violación de una orden judicial, que es la línea de flotación del Estado de Derecho, se produce con una banalidad escalofriante. El mensaje que se envía es claro: la jerarquía del uniforme tiene mayor peso que la autoridad de la toga. El Poder Ejecutivo, al desplegar fuerzas federales en un conflicto urbano, desactiva intencionadamente los límites del control civil.
El uso del gas lacrimógeno, que representa la química del miedo, es un acto de guerra psicológica contra la disidencia. Pero al ser utilizado desafiando una orden expresa, el gas lacrimógeno se convierte en la prueba material del desacato. La Patrulla Fronteriza no está restableciendo el orden; está afirmando su propia impunidad en un ejercicio de cinismo político puro. La Ley se ha convertido en una sugerencia débil que se disuelve al contacto con la voluntad inquebrantable de la Fuerza.
El delito no es el gas; el delito es el asalto a la soberanía del Poder Judicial. La única forma de restablecer el orden no es con una investigación interna, sino con la aplicación rígida y sin titubeos de la ley de desacato contra el funcionario. Mientras el funcionario que viola una orden judicial no enfrente las mismas consecuencias que cualquier ciudadano, el Estado de Derecho será solo un pañuelo de seda que se usa para limpiar la sangre de la calle.
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