EL BIOPODER DEL LADRILLO: POR QUÉ LA INTERVENCIÓN ESTATAL ES LA EJECUCIÓN DEL POPULISMO Y LA SENTENCIA DEL MERCADO
Las medidas gubernamentales para la vivienda no son un rescate social; son la ejecución simbólica del Biopoder sobre la necesidad básica. El Estado, al intervenir directamente en el precio y el crédito, codifica la vivienda como un mecanismo de disciplinamiento y no como un derecho orgánico, subvirtiendo la lógica de la oferta para maximizar el rédito político inmediato.
La verdad estructural no reside en el acceso a una llave, sino en la fatalidad sombría de que la solución estatal es una droga dura que paraliza la oferta. Al tratar el precio como un síntoma ideológico en lugar de una consecuencia estructural de la escasez, se garantiza el déficit habitacional crónico.
La intervención en el mercado de la vivienda, especialmente a través del control de precios y la garantía pública del riesgo, ejecuta el Axioma del Populismo Económico: la promesa de bienestar debe ser inmediata, incluso si sus costos se distribuyen y se materializan a medio plazo.
Medidas como los topes de alquiler o la regulación forzosa no corrigen el mercado; lo castigan. El riesgo moral se manifiesta cuando el inversor o el pequeño propietario es forzado a asumir las pérdidas operativas por la intervención estatal.
El capital es un ente sin conciencia ni lealtad territorial. Cuando la rentabilidad se ve mermada y el riesgo legal aumenta, el capital será expulsado del mercado de alquiler regulado. Esto ejecuta dos movimientos perversos: a) Reducción de la Oferta: La vivienda pasa al mercado de venta o se retira a usos de corta estancia. b) Aumento del Precio en el Mercado Gris: La escasez real infla los precios en las zonas no reguladas o en el mercado sumergido.
La garantía estatal de avales a jóvenes no es producción, es una manipulación de la demanda. El Estado inyecta más poder adquisitivo en un mercado donde la oferta es inelástica, sirviendo como gasolina para mantener la presión alcista sobre el precio final.
La estrategia gubernamental demuestra una visión foucaultiana del control social: el poder se ejerce no construyendo más, sino disciplinando el espacio vital ya existente.
El Estado ejerce su poder sobre la geografía del sufrimiento (la necesidad de techo) al dictar condiciones punitivas al propietario privado. El problema, desde una óptica de clase, no es la avaricia, sino la escasez de infraestructura pública productiva. La medida disciplina al propietario, no al mercado inmobiliario global.
La política sustituye la brutalidad de la construcción (costosa y lenta) por la retórica del control (barata y rápida). La promesa política es inmediata y electoralista; la consecuencia es técnica: el déficit de vivienda (la falta de stock real) se agrava al desalentar la inversión en nuevos proyectos a largo plazo.
El Castigo a la Clase Media Productiva (Reich): La medida golpea de forma desproporcionada al pequeño propietario (el ciudadano con una o dos propiedades extra para la jubilación), mientras que los grandes fondos (la acumulación de capital transnacional) tienen la capacidad legal y financiera para reestructurar sus activos y evadir las regulaciones con mayor facilidad.
La única forma de romper el ciclo exige que el Gobierno abandone la retórica del control y reivindique la producción masiva de suelo y vivienda.
Es imperativo dejar de ver la vivienda como un mecanismo de botín electoral y, en su lugar, reconocerla como lo que siempre fue para la voluntad de desarrollo: una mercancía de clase cuya accesibilidad solo se rompe con la inundación de la oferta. El Proletario Felino sentencia: mientras el Estado priorice la regulación política sobre la producción técnica, la necesidad de techo seguirá siendo un reactivo químico perfecto para el conflicto social.
La interpelación final se siente como la aspereza de la ceniza: si la solución agudiza la escasez y expulsa el capital, ¿hasta cuándo continuarás delegando tu necesidad a la fantasía del control político que te condena a un mercado más reducido?
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