Doce años de fosas abiertas y verdades aplazadas
Madam Bigotitos
Doce años es tiempo suficiente para que los huesos se conviertan en polvo y la memoria colectiva se devore a sí misma entre comunicados oficiales y promesas de escritorio. El anuncio del Gobierno mexicano sobre la preparación de un nuevo informe y la apertura de líneas de investigación inéditas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa llega envuelto en la ambigüedad calculada de siempre, aunque salpicado por detenciones recientes que apuntan hacia altas esferas del poder político local, como el proceso abierto contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por la presunta ocultación de evidencias.
La maquinaria estatal insiste en rediseñar el mapa de responsabilidades a pocas semanas de cumplirse un nuevo aniversario luctuoso de aquella madrugada de septiembre de 2014. Sin embargo, la disección forense de los hechos demuestra que cada nueva ruta ministerial choca contra el mismo muro de opacidad institucional, colusión policial y expedientes simulados que las administraciones pasadas manipularon a conveniencia. Que el Ejecutivo federal pretenda socializar hallazgos sin vulnerar el sigilo de las pesquisas no hace más que evidenciar el miedo crónico a confrontar la complicidad estructural de las fuerzas armadas y los mandos civiles que operaron en la impunidad durante la tragedia.
Mientras las familias continúan exigiendo la verdad absoluta y el paradero real de los estudiantes en medio de un dolor inagotable, el Estado ofrece piezas aisladas de un rompecabezas judicial que se niega a ensamblar por completo. La justicia en este país no se mide por la cantidad de informes redactados en Palacio Nacional, sino por la capacidad de desmantelar las redes de protección criminal que siguen operando bajo el amparo de la bota y la investidura.