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Las tuberías de la Faja del Orinoco no solo transportan crudo pesado; conducen las cenizas de una arquitectura de Estado que colapsó bajo el peso de su propia voracidad. Desde la remoción de Nicolás Maduro del poder, el sector petrolero venezolano ha atravesado una metamorfosis tan acelerada como jurídicamente frágil. Las sanciones internacionales que ahogaron a Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante años han dado paso a un esquema de intervención y control operativo fuertemente vinculado a los intereses energéticos de Washington.
El levantamiento parcial de los bloqueos y la flexibilización de licencias permitieron que los envíos al exterior experimentaran un repunte sustancial, alcanzando picos no vistos en los últimos siete años. Sin embargo, este incremento en el volumen de exportación enmascara una deficiencia estructural profunda. El colapso del sistema eléctrico nacional, la obsolescencia de los mejoradores y el deterioro generalizado de la red de oleoductos impiden sostener una recuperación orgánica sin una inyección masiva de capital privado extranjero.
Los acuerdos recientes impulsados por Estados Unidos apuntan a compromisos millonarios de inversión y a la reconfiguración de la propiedad sobre reservas estratégicas. A pesar de ello, la promesa de rescatar la mayor reserva probada de crudo del planeta choca contra el escepticismo de las corporaciones globales. La historia de expropiaciones arbitrarias, la inseguridad jurídica persistente y la precariedad institucional actúan como disuasivos frente al entusiasmo geopolítico. El cambio en el Palacio de Miraflores modificó la administración de los flujos físicos, pero la viabilidad a largo plazo de la industria sigue subordinada a la resolución de sus pasivos estructurales.