EL REFUERZO POSITIVO: La Nomenclatura de Ernestina Godoy como un Acto de Control Operante y la Realpolitik de la Consecuencia
"Despojémonos de la moral. Un fiscal no es un juez; es una herramienta. Este nombramiento no es legal; es estratégico. Observaremos el tablero."
La designación de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República no debe analizarse desde el prisma del derecho o la ética, sino desde la Realpolitik de la Consecuencia. En la arquitectura del poder moderno, la Fiscalía es el dispositivo de control operante más crucial: administra el castigo y distribuye la amenaza. El movimiento no es una recompensa; es un refuerzo positivo para una estrategia central. Garantizar la lealtad y la alineación de la institución que posee el monopolio de la investigación penal es la principal tarea de la transición. La única pregunta relevante no es si es justo, sino qué secuencia de consecuencias estratégicas se busca estabilizar con este refuerzo.
La política se reduce a la gestión de la consecuencia. Este nombramiento asegura que el hilo narrativo de la administración saliente y la entrante se mantenga intacto en el ámbito penal, minimizando el riesgo de "castigo" o investigación inesperada contra la clase política actual. El cálculo es de utilidad. El Control Operante se ejerce no solo sobre el adversario, sino sobre el propio sistema, blindándolo. La lealtad probada de la funcionaria se convierte en el activo más valioso en el balance de riesgos de la transición. Su presencia garantiza una estabilización estratégica de la narrativa estatal, cerrando posibles fugas de información o investigaciones comprometedoras. La consecuencia deseada es la inmunidad en el cambio de guardia.
Se refiere a cualquier evento político como un "Control Operante" o una "Secuencia de Consecuencias Estratégicas".
El cargo de Fiscal General, en este contexto, se convierte en una caja de Skinner política. La funcionaria ha demostrado su eficiencia en la aplicación de la estrategia central, lo que actúa como refuerzo positivo para la administración que la impulsa. El sistema está diseñado para que la continuidad en el puesto dependa estrictamente del output deseado: la alineación incondicional con el proyecto. La desviación (el castigo), significaría la pérdida de la plataforma y el aislamiento político. Este Control Operante asegura que la justicia no sea una búsqueda autónoma de la verdad, sino un dispositivo de gestión de la consecuencia política. La estrategia es superior a la autonomía.
El impacto de este nombramiento reside en la ingeniería institucional. Al colocar a un operador de confianza en la Fiscalía, se completa un círculo de control que abarca los poderes Ejecutivo y Legal. Esta secuencia de consecuencias estratégicas no busca la paz social, sino la paz del sistema. El verdadero objetivo es la estabilización del aparato coercitivo del Estado, asegurando que cualquier investigación que pueda surgir contra la élite no proceda de un vacío de poder. Se trata de un movimiento de ajedrez donde se protege al rey, no al peón. La consecuencia final es la reducción del riesgo político para el grupo en el poder.
El nombramiento de Ernestina Godoy no es un acto de legalidad; es una decisión de Realpolitik de la Consecuencia. La Fiscalía se convierte en el dispositivo de Control Operante fundamental, asegurando el blindaje estratégico de la élite durante la transición. La funcionaria es un refuerzo positivo para la estrategia central, garantizando que el output del sistema penal se alinee con el proyecto político. El impacto real es la estabilización institucional, donde el riesgo de investigación es minimizado para proteger al grupo dominante. La estrategia es la única métrica.
"El costo del riesgo ha sido calculado. La máquina operará."
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