LA REGLA DEL HOMBRE INVISIBLE: POR QUÉ EL ESTADO CONVIERTE EL HAMBRE EN UN ARMA LEGAL
La política de la escasez es la herramienta de control más antigua. Nosotros, los que entendemos las dinámicas de poder, sabemos que el Estado no solo castiga el crimen; castiga la pobreza y la existencia marginal. La directriz del Departamento de Agricultura (USDA) que busca excluir permanentemente a ciertos inmigrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, de los beneficios de SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) no es un ajuste burocrático, sino una condena legalizada al hambre.
Cuando la comida deja de ser un derecho y se convierte en una palanca de negociación migratoria, la estructura de poder foucaultiana se revela: el gobierno utiliza el acceso a la subsistencia para ejercer control sobre quién tiene derecho a la vida social. Los fiscales que demandan para bloquear esta norma no están defendiendo la legalidad; están defendiendo la biopolítica de la compasión contra la biopolítica de la exclusión.
La Base Dura de la Carencia Programada
El intento de la administración de Donald Trump, ejecutado a través del USDA, de reinterpretar y endurecer los criterios de elegibilidad de SNAP para los inmigrantes es una acción de alto impacto social, pese a ser disimulada como una mera modificación regulatoria.
El Objetivo: La nueva directriz busca clasificar a miles de personas, incluidos refugiados, solicitantes de asilo, personas con libertad condicional humanitaria (parolees) y otros entrantes humanitarios, como "no elegibles permanentemente" para SNAP. Esto representa un endurecimiento drástico, ya que históricamente, muchos de estos grupos han tenido acceso a beneficios para refugiados o han sido exentos de los largos períodos de espera (hasta cinco años) para la residencia legal permanente (LPR).
La Demanda de Bloqueo: Una coalición de más de 20 fiscales generales, liderada por estados como California y Nueva York, demandó a la administración. Su argumento central es que la directriz del USDA va más allá de lo que pretendía la legislación original, que era principalmente una ley de gastos. Los fiscales sostienen que la agencia está clasificando incorrectamente a estos inmigrantes humanitarios, poniendo en riesgo el acceso a los alimentos de familias que han cumplido con todos los requisitos legales para su estatus en EE. UU.
El Impacto Humano: Las estimaciones sugieren que miles de personas, muchas de las cuales ya han pasado por traumas y desplazamiento extremo, se quedarán sin la asistencia nutricional esencial. Para el Proletario, el corte de beneficios es un recordatorio brutal de que su valor social está condicionado a la utilidad económica inmediata y que su derecho a comer puede ser revocado por un memorando gubernamental.
Esta política no solo afecta a los individuos, sino que genera un efecto paralizador ("chilling effect") en las comunidades de estatus mixto. El miedo a que el uso de beneficios afecte futuras solicitudes de estatus migratorio (aunque SNAP está generalmente exento de la regla de "carga pública") es suficiente para que familias elegibles, incluidos niños ciudadanos estadounidenses, se abstengan de buscar ayuda.
El Estado utiliza el hambre como un mecanismo disciplinario, exigiendo que el inmigrante se convierta en un "hombre invisible" que trabaje y contribuya, pero que no consuma recursos básicos. El litigio judicial es la única grieta visible en la pared de esta arquitectura de exclusión.
¿Cuánto tiempo toleraremos que la burocracia decida quién tiene derecho a llevar comida a la mesa, transformando la ayuda en un arma política?
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