🏛️ La Mentira Institucional: Chicago, el Panóptico y el Costo de la Verdad
La confesión, según la jueza, de que el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mintió bajo juramento en un caso que limita el uso de la fuerza no es un simple error procesal; es el acto central de un drama orwelliano. Este episodio en Chicago revela una verdad más oscura sobre la autoridad: el poder cree que no solo puede ejercer la violencia, sino también reescribir la realidad ante el tribunal.
La gente que supuestamente aplica la ley es la que la rompe para justificar que la rompieron.
El jefe de la Patrulla Fronteriza no solo mintió sobre el uso de la fuerza (gases lacrimógenos contra manifestantes, incluidos aquellos cerca de un desfile infantil); él estaba ejerciendo el Doble Pensamiento de George Orwell: sostener dos creencias contradictorias al mismo tiempo.
Creencia Oficial: "El uso de la fuerza estaba justificado porque nuestra vida estaba amenazada por una turba violenta."
Realidad Judicial: "Admití ante la jueza que esa justificación era falsa."
El objetivo de la mentira no era solo engañar a la jueza, sino proteger la impunidad operativa de su agencia. La mentira es la barrera que se erige para evitar la rendición de cuentas, transformando la verdad en una amenaza existencial para el statu quo del Estado de seguridad.
El conflicto sobre el uso de la fuerza contra la población (migrantes y manifestantes) es un ejemplo puro de la agencia que crea un "enemigo" (el "rompe-santuarios," el inmigrante, el manifestante), lo somete a la violencia disciplinaria y luego miente sobre las circunstancias para purificar la culpa del sistema.
La intervención de la jueza federal, Sara Ellis, (ordenando cámaras corporales y limitando la fuerza) es la rebelión judicial: la negativa a aceptar el absurdo de que la ley pueda ser suspendida por la conveniencia de la autoridad. Al forzar la verdad, ella impone un límite ético a un poder que opera bajo el presupuesto de que su misión está por encima de la Constitución.
La gran repercusión de este fallo no está en las restricciones operativas, sino en el colapso de la credibilidad. Una vez que el pueblo sabe que la autoridad miente bajo juramento para justificar su violencia, el contrato social se rompe y la ley se convierte en un instrumento más de poder, no de justicia.
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