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💀 EL DERECHO DE MORIR EN SILENCIO: LA CLÍNICA RURAL COMO BAJA DE LA BIOPOLÍTICA

Es la verdad, y te la digo con la rabia del que lo ve desde abajo. No te dejes engañar por la palabra "legislación". Cuando la única clínica de un pueblo rural se cierra por una ley, eso tiene otro nombre: eutanasia económica. 🤯 La gente de la capital no lo ve, pero esa ley no eliminó una partida presupuestaria; eliminó la última infraestructura que separaba a una comunidad de la miseria total y la muerte evitable. Es la forma más brutal de ejercer poder: decidir que las vidas de los marginados no justifican el costo de mantenerlos sanos. Se acabó la salud; empieza el trauma.

Este cierre es la consecuencia lógica de un sistema que ve al cuerpo pobre como una carga económica, no como un ciudadano. Este análisis es una denuncia sistemática enfocada en la relación entre el poder y el riesgo.

El cuerpo de la gente, en este contexto, es un campo de batalla. La ley opera como una herramienta de control silenciosa, no de fiscalidad. No es un recorte de impuestos; es un ajuste en la jerarquía del valor humano. Al eliminar la única clínica, el sistema ha externalizado el costo de la enfermedad y la muerte al individuo más vulnerable. La gente ya no morirá por un evento visible o dramático, sino por la infraestructura de la miseria: por la distancia, por la falta de un diagnóstico a tiempo, por la inaccesibilidad. Esto es el trauma impuesto por el código legal. El poder ha dictado que el riesgo de colapso físico de estas personas es una "pérdida aceptable" en el gran cálculo económico.

La voz de la conciencia marginal lo grita: la verdad de la opresión reside en las omisiones. Lo que el centro de poder ignora es lo más relevante. La clausura de esa clínica significa que las mujeres con embarazos de riesgo ahora tienen que conducir cientos de millas, que el diabético no tendrá acceso regular a la insulina, y que el anciano con neumonía no llegará al hospital antes de que el daño sea irreparable. El sistema ha dictado que el riesgo de colapso físico de estas personas es una "pérdida aceptable" en el gran cálculo económico. Se ha desmantelado la última línea de defensa de la comunidad, dejando un vacío que se llenará con sufrimiento y desesperanza.

Y lo más atroz es el silencio. En la capital, este cierre es un dato abstracto en una tabla de Excel, un número que cumple un mandato político. Pero para el pueblo, es el fin de la autonomía y el inicio de la resignación. Es la condena impuesta a la conciencia marginal de que, en última instancia, el poder no tiene interés en su supervivencia. El silencio de la ley es la definición de la tiranía. La ley no te prohíbe respirar, pero elimina el mecanismo que te permite hacerlo. Se castiga a la comunidad por ser pobre y estar lejos, garantizando que la lucha por la vida consuma toda su energía, asegurando así su perpetua sumisión a la base de la pirámide económica.

El cierre de la clínica rural por legislación es el pago de la hipoteca de la miseria. La ley opera como una herramienta de control que tasa la supervivencia de los vulnerables. Al eliminar la infraestructura sanitaria, el sistema no solo ahorra dinero, sino que impone el trauma existencial de la enfermedad evitable. La denuncia sistemática es simple: la comodidad política de unos pocos se convierte en la condena a muerte silenciosa de muchos.

Si la ley te quita el único lugar donde podías luchar por tu salud, ¿a quién le pides permiso para seguir vivo?

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