EL AJUSTE DE CUENTAS HÍDRICO: POR QUÉ LIMITAR LAS CONCESIONES DE AGUA COLAPSA LA ARQUITECTURA FINANCIERA DEL NEOLIBERALISMO 💧🇲🇽💸
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Aguas no es una simple medida ambiental; es un ataque quirúrgico a la visión neoliberal que convirtió el agua en una mercancía transmisible. Al eliminar la posibilidad de vender y transferir concesiones, el Estado mexicano busca recuperar la rectoría sobre su recurso más estratégico. El problema es que el agua ya está incrustada en las cadenas de valor y en la especulación inmobiliaria. La polémica surge porque el gobierno está obligando al sistema a asumir el costo de la escasez y a defender un privilegio que ya no tiene sustento ético.
La raíz de la polémica reside en la Ley del Inmovilismo del Capital. La reforma busca revertir la legislación de 1992 que permitió que los títulos de concesión se volvieran instrumentos de mercado, transmisibles entre privados. Al prohibir la venta o transferencia de estos títulos, y al obligar a que regresen a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en caso de cambio de uso de suelo, el gobierno introduce dos variables de riesgo fundamentales para el capital:
Riesgo de Liquidez: El agua deja de ser un activo líquido que puede ser vendido a un alto precio (especialmente en regiones con sequía). Las empresas que basaron su estrategia financiera en el valor especulativo de su concesión de agua (por ejemplo, para luego venderla a desarrolladores urbanos o industrias sedientas) ven su activo de balance colapsar.
Riesgo Regulatorio: La Conagua recupera la capacidad de reasignar recursos en función de la planeación estratégica y el derecho humano (priorizando el uso doméstico). Esto introduce un alto nivel de incertidumbre para el uso agrícola o industrial, especialmente para aquellos que tienen títulos con irregularidades o que son acusados de acaparamiento.
Este es el Coste de Transacción de la Escasez. México, especialmente en el centro y norte, enfrenta una crisis hídrica aguda. El argumento de Sheinbaum es que el acaparamiento (donde menos del 5% de los usuarios concentran más del 70% del agua concesionada) es insostenible. La defensa oficial es que la reforma no elimina los títulos vigentes, sino que ordena el futuro para garantizar la equidad. Sin embargo, los grupos que protestan (agricultores de riego y transportistas) temen que, al no poder vender sus concesiones o al tener que pasar por la auditoría de Conagua para cualquier prórroga, pierdan una valiosa herramienta de protección patrimonial y queden a merced de la discrecionalidad gubernamental.
La iniciativa, en esencia, es una Reforma de la Soberanía Hídrica. Elevar las sanciones por el mal uso, tipificar los delitos hídricos e impulsar la tecnificación son pasos necesarios para el largo plazo. Pero la polémica subraya que el Estado no puede simplemente "recuperar" un recurso que ha permitido que se mercantilice por décadas sin generar una reestructuración forzosa del valor en la economía. El conflicto es la batalla final entre el modelo económico que trató el agua como un insumo infinito y la realidad climática que lo ha convertido en un recurso finito.
La iniciativa de Sheinbaum es el ajuste de cuentas hídrico. Al eliminar la venta de concesiones, el gobierno recupera la rectoría del recurso y colapsa el valor especulativo del agua como mercancía. La polémica surge porque los acaparadores y grandes usuarios están defendiendo un privilegio financiero que la crisis climática ya no justifica. Es la colisión entre el Derecho Humano y el Costo de Capital. La reforma impone la disciplina de la escasez al sistema. 💧💸
Cuando el agua deja de ser una mercancía y se convierte en un imperativo ético, tú debes auditar si el costo de mantener un privilegio financiero vale más que el derecho colectivo a la supervivencia.
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