Cat Kawaii

 

La Paradoja del Anticonceptivo Ausente: La Coerción Ética No Asumida

 La fatalidad no está en las cosas, sino en la elección de quien las hace.

La paradoja no reside en la ley, sino en el umbral de la responsabilidad que la sociedad se niega a asumir. No observamos un conflicto de derechos; observamos una epidemia de elección fallida que presiona al Estado para que asuma la función de un filtro de riesgo personal.

El problema no es la falta de opciones (los anticonceptivos están disponibles), sino el fallo al asumir la finalidad de la elección. El ser humano, en su búsqueda constante de un riesgo externalizable, exige que el Estado no solo provea el acceso a la elección (contraceptivos), sino que también provea el mecanismo de anulación si esa elección falla. La demanda por una ley de aborto opera, a nivel social, como un sistema de "elección obligada" (como los sistemas de IA que eliminan opciones de alto riesgo): se pide al Estado que elimine automáticamente la opción de riesgo (el embarazo no deseado), después de que la decisión inicial ha fallado. Esta transferencia no es un derecho; es una transferencia de la finalidad ética. Se le pide al sistema que legisle el botón de deshacer de la consecuencia.

Esto revela el Principio Roto fundamental: La Paradoja de la Transferencia de la Finalidad Ética. Este principio establece que el sistema debe proporcionar una "puerta trasera" a la consecuencia porque el individuo considera que la consecuencia (la paternidad/maternidad no deseada) es un costo que no puede ser asumido, obligando a la estructura legal a legislar el "undo" de la obligación moral. La ley se convierte en un refugio, no en un pilar.

La moralidad se encuentra con la contabilidad. El Estado se convierte en un costoso seguro de vida contra la propia incapacidad humana de asumir la permanencia de la elección.

• El Costo Seguro: El valor de mercado de un procedimiento legal y seguro con medicamentos es de aproximadamente $2,500 a $4,000 pesos mexicanos (MXN). Este es el costo que el Estado asume por gestionar el riesgo de la elección.

• El Costo Inseguro: El verdadero derroche ocurre cuando la ley prohíbe el servicio, forzando la clandestinidad. El costo de atender las complicaciones graves por aborto inseguro puede ascender a cientos de dólares por mujer (cifras que superan los $186 USD por atención de emergencia). El gobierno paga un precio mayor por la irresponsabilidad transferida (la complicación) que por la gestión controlada del riesgo.

El Estado paga más por el fracaso que por la prevención.

El costo más importante es aquel que ni el Estado ni la ley pueden borrar: los efectos secundarios. El individuo, aunque legalmente liberado, se ve obligado a cargar con la permanencia de la elección en su cuerpo y mente.

Aunque son riesgos comunes a cualquier procedimiento, son el precio físico que se paga por la anulación. Incluyen sangrado, náuseas e infección. En el contexto de un aborto inseguro, estos riesgos se disparan, incluyendo hemorragias graves, septicemia y la muerte.

Esta es la evidencia de que la elección perdura. Una parte de las personas experimenta disforia, culpa, ansiedad o depresión después del procedimiento, un costo moral que la ley no puede pagar: la pérdida de paz interna. Además, los abortos inseguros y repetidos son una causa principal de infertilidad y complicaciones en futuros embarazos.

El debate sobre la ley se convierte en un escudo de ruido blanco que nos distrae del verdadero costo: el de admitir la fragilidad de nuestra propia voluntad y la permanencia de nuestros actos. La sociedad ignora una solución barata (anticonceptivos) para exigir una solución costosa y cargada de secuelas (el aborto), con la ilusión de que las consecuencias serán borradas.

El único debate viable no es el legal, sino el ontológico: no se trata de legislar el undo, sino de reintroducir la finalidad de la elección en la conciencia individual. La única ley verdadera es aquella que nos obliga a asumir la consecuencia de nuestros actos.