México:

 

 La Encrucijada Judicial Post-Electoral

Por  Whisker Wordsmith © Radio Cat Kawaii

El 1 de junio de 2025 marcó un hito en el calendario político de México, no solo por la culminación de un ciclo electoral intenso, sino por lo que sus resultados auguran para el futuro del poder judicial del país. Con el telón de fondo de una administración que ha buscado redefinir el equilibrio de poderes, la selección judicial post-electoral se erige como una de las batallas institucionales más significativas, con repercusiones que trascienden las fronteras nacionales.

Antes de la Selección: Un Campo de Batalla Pre-Electoral

La discusión sobre la reforma judicial y, por ende, sobre el proceso de selección de jueces y ministros, no es nueva en México. Sin embargo, en los meses previos al 1 de junio, esta conversación escaló a un primer plano. El ejecutivo saliente, y los candidatos que buscaban sucederlo, habían expresado abiertamente la necesidad de una "democratización" del poder judicial, que en algunos casos se interpretó como una propuesta para que jueces y ministros fueran elegidos por voto popular.

Esta propuesta generó un intenso debate. Sus defensores argumentaban que la elección directa garantizaría una mayor rendición de cuentas y una menor susceptibilidad a intereses corporativos o políticos. Por otro lado, críticos, incluyendo a gran parte de la judicatura, la academia y la sociedad civil, advertían sobre los riesgos de politizar la justicia, comprometer la independencia judicial y someter decisiones técnicas y jurídicas a la volatilidad del escrutinio público.

 

La narrativa pre-electoral estuvo dominada por la tensión entre la búsqueda de una mayor legitimidad democrática y la preservación de la autonomía judicial, un pilar fundamental de cualquier estado de derecho. Los resultados del 1 de junio, particularmente la composición del Congreso, serían determinantes para la viabilidad de cualquier reforma constitucional que alterara el método de selección judicial. Un Congreso con una mayoría calificada a favor del partido en el poder facilitaría la aprobación de tales cambios, mientras que un equilibrio de fuerzas obligaría a la negociación y al consenso.

Después de la Selección: Implicaciones Domésticas y el Nuevo Equilibrio

Con los resultados electorales ya definidos, el escenario para la selección judicial se clarifica, aunque no sin desafíos. Si el partido gobernante y sus aliados obtuvieron una mayoría legislativa significativa, es altamente probable que la propuesta de reforma judicial, incluyendo la elección popular de jueces, sea impulsada con renovado vigor. Esto implicaría un proceso legislativo intenso, posiblemente con poca apertura a la disidencia, y un calendario apretado para su aprobación.

La implementación de una reforma de esta magnitud tendría consecuencias profundas para el sistema judicial mexicano:

• Independencia Judicial: La principal preocupación es la erosión de la independencia judicial. Jueces y ministros, al depender del voto popular, podrían verse tentados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en la línea política del momento, en lugar de en la estricta aplicación de la ley y la Constitución. Esto podría debilitar el papel del poder judicial como contrapeso a los otros poderes.

• Profesionalización: El proceso de selección actual, aunque perfectible, se basa en criterios de mérito, experiencia y conocimiento jurídico. La elección popular podría priorizar la popularidad o la afiliación política sobre la capacidad técnica, afectando la calidad de la impartición de justicia.

• Estado de Derecho: Un poder judicial percibido como politizado o dependiente podría minar la confianza en las instituciones y la certeza jurídica, elementos cruciales para la inversión, el desarrollo económico y la protección de los derechos humanos.

• Transición y Resistencia: La judicatura mexicana, con sus propias dinámicas y tradiciones, probablemente presentaría resistencia a cambios tan drásticos. Esto podría generar fricciones institucionales y un periodo de incertidumbre en el funcionamiento del sistema de justicia.

Si, por el contrario, los resultados electorales no otorgaron una mayoría calificada al partido en el poder, la reforma judicial, tal como se ha planteado, enfrentaría un camino mucho más arduo. Esto forzaría a la negociación con la oposición, lo que podría llevar a una reforma más moderada o incluso a la dilución de las propuestas más controvertidas, como la elección popular. En este escenario, la selección judicial se mantendría más alineada con los procesos actuales, aunque bajo una constante presión política.

Voces Internacionales y la Percepción Global

La comunidad internacional ha seguido de cerca el debate sobre la reforma judicial en México, y sus opiniones son un factor importante en la ecuación.

• Organismos Internacionales: Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han enfatizado consistentemente la importancia de la independencia judicial como pilar de la democracia y los derechos humanos. Cualquier reforma que se perciba como un menoscabo a esta independencia generaría preocupación y posibles señalamientos.

• Socios Comerciales y Gobiernos Extranjeros: Países como Estados Unidos, Canadá y las naciones de la Unión Europea, con quienes México mantiene importantes lazos comerciales y diplomáticos, valoran la certeza jurídica y la estabilidad institucional. Un poder judicial debilitado o politizado podría generar inquietud entre inversionistas y socios comerciales, afectando la percepción de México como un destino seguro para los negocios. La protección de los derechos de propiedad y la resolución imparcial de disputas son fundamentales para atraer y retener capital extranjero.

• Calificadoras de Riesgo y Mercados Financieros: Las agencias calificadoras de riesgo crediticio y los mercados financieros internacionales monitorean de cerca la fortaleza institucional de un país. Una reforma judicial que genere incertidumbre o que sea vista como un retroceso en el estado de derecho podría impactar negativamente la calificación crediticia de México, encareciendo el financiamiento y afectando la estabilidad económica.

La presión internacional, aunque no siempre explícita, juega un papel disuasorio y de monitoreo. Si bien cada país tiene el derecho soberano de reformar sus instituciones, la interconexión global significa que las decisiones internas tienen ecos y consecuencias más allá de sus fronteras.

Un Momento Decisivo para México

La selección judicial en México, en el periodo post-electoral del 1 de junio, representa un momento decisivo para el futuro de su sistema democrático y su estado de derecho. Las decisiones que se tomen en torno a la composición y el funcionamiento del poder judicial no solo definirán el equilibrio de poderes a nivel interno, sino que también enviarán una señal clara a la comunidad internacional sobre el compromiso del país con la independencia de sus instituciones.

El desafío para la nueva administración y el Congreso será encontrar un camino que fortalezca la confianza ciudadana en la justicia sin comprometer su autonomía ni su profesionalismo. La mirada de México y del mundo estará puesta en cómo se desenvuelve este capítulo crucial en la evolución de su democracia.