LA TRAGEDIA COMO CAPITAL. LA CONDENA A MUERTE DE SHEIKH HASINA ES LA EJECUCIÓN DEL ANTERIOR CÓDIGO DE LEY
La condena a muerte de la ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, por crímenes de lesa humanidad, no es un acto de justicia en el sentido platónico, sino la validación clínica del nuevo código político. Después de su caída en agosto de 2024, tras una brutal represión de las protestas estudiantiles, este veredicto es la necesidad estructural del nuevo gobierno interino de Muhammad Yunus: el sistema debe anular el activo político que representaba Hasina.
La lógica es binaria y fría: el poder se consolida al eliminar el riesgo de reversibilidad.
Las Tres Unidades de Condena (El Activo Represivo)
La condena a muerte dictada por el Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (TIC), aunque realizado in absentia (ya que Hasina está exiliada), se basa en el uso sistemático de la fuerza letal durante las "protestas de julio" de 2024, que se estima causaron hasta 1,400 muertes según informes de la ONU. Las razones se centran en la responsabilidad de mando sobre una represión organizada:
Crímenes contra la Humanidad (Cargo Principal): Hasina fue declarada culpable de múltiples cargos de crímenes de lesa humanidad. Esto incluye la instigación, la orden directa de matar y la inacción para prevenir atrocidades por parte de las fuerzas de seguridad estatales contra la población civil.
Uso de Armamento de Alto Nivel: La condena enfatiza la orden de utilizar drones, helicópteros y armas letales contra manifestantes desarmados, lo que el tribunal citó como evidencia directa de su intención de "exterminar" la protesta. El Tribunal la designó como la "mente maestra" y "comandante superior" de la represión.
El Precio del Fracaso: La masacre de manifestantes (incluyendo estudiantes) en puntos como Chankharpul se utilizó como la prueba fundamental de que las acciones del gobierno no fueron meros disturbios, sino una estrategia calculada para aferrarse al poder, violando el vínculo básico entre el Estado y el ciudadano.
El veredicto, aunque aclamado por las familias de las víctimas como una necesaria catarsis, se mueve en la zona gris de la Realpolitik. El Tribunal, establecido por la propia Hasina durante su mandato, ahora es la herramienta para ejecutar la sentencia del cambio de régimen. La condena a muerte es la máxima expresión de la anulación, un mensaje inequívoco de que la anterior estructura de poder ha sido desmantelada.
Es la dialéctica del poder puro: el régimen anterior usó la fuerza para sobrevivir; el nuevo régimen usa la ley (y la pena capital) para asegurar su permanencia. Es un ciclo de causa y efecto donde la moral es reemplazada por la logística de la estabilidad.
Cuando un líder es condenado a muerte por su sucesor, acepta que el veredicto no es el fin de la justicia, sino el inicio del nuevo orden institucional.
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