LA DISUASIÓN MÁXIMA: CÓMO EL ARRESTO DE TUTORES REESCRIBE EL CÓDIGO DE LA INMIGRACIÓN Y LOS LÍMITES DE LA CRUELDAD

La política migratoria del presidente Trump nunca ha buscado el consenso humanitario; su métrica es la disuasión máxima y la satisfacción de la base política. La nueva estrategia de apuntar a los guardianes y patrocinadores de menores migrantes no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) no es una medida de seguridad; es una movida estratégica de alto riesgo diseñada para inmovilizar la red de apoyo que facilita la migración de menores. Al criminalizar el acto de custodia temporal, la Administración busca atacar la logística humana de la migración.

El Profesor Bigotes analizaría esta medida con frialdad: la ley de inmigración se ha convertido en un arma de ingeniería social . Si no se puede detener el cruce en la frontera de manera absoluta, el objetivo pasa a ser destruir la esperanza del refugio en el interior. Al amenazar con el arresto y la deportación a los familiares, amigos o tutores que intentan acoger a estos menores, la política convierte la compasión en complicidad criminal. El costo humano de esta estrategia (la prolongación del tiempo de los niños en custodia federal, el riesgo de abuso, la re-traumatización) no es un efecto secundario indeseado, sino un elemento clave de la disuasión: la separación y el miedo actúan como el aviso más eficaz para las comunidades de origen.

La estrategia subyacente es clara: cortar la cadena de suministro humano. Los menores no acompañados tienen derecho a ser liberados bajo el cuidado de un patrocinador. Al hacer que este proceso de liberación sea un riesgo inaceptable de detención y deportación para los patrocinadores, el sistema se colapsa internamente. Esto no solo eleva los números de niños en detención federal a niveles récord (como ya ocurrió con políticas similares en la primera administración Trump), sino que también prueba los límites de la ley para determinar hasta dónde puede llegar el gobierno para imponer un estado de miedo.

El riesgo legal y ético es inmenso, chocando directamente con el Acuerdo Flores y las normas básicas de protección de menores. Sin embargo, para la política de disuasión, el éxito no se mide en el cumplimiento legal, sino en el efecto de congelamiento social que produce: menos patrocinadores se presentarán, más niños permanecerán en custodia, y la narrativa del "caos fronterizo" se fortalece, justificando aún más medidas extremas.

 Proyectamos que el arresto de tutores no es un acto de justicia, sino un cálculo maquiavélico que utiliza el bienestar del menor como una palanca de disuasión.

 Cuando el costo político de la seguridad se paga con la separación de un niño de su protector, ¿cuál es el verdadero valor de la "legalidad" de la migración?

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