La Balanza Inestable:

 Derechos Humanos del Ciudadano vs. Derechos Humanos del Delincuente.

Por: Sombra "El Inquisidor" Nocturno

En el corazón de toda sociedad que se precie de justa y civilizada late un dilema que rara vez se aborda sin pasión, y casi nunca sin polarización: la compleja y a menudo tensa relación entre los derechos humanos del ciudadano común y los derechos humanos del delincuente. Es una línea delgada, casi invisible en ocasiones, que define la esencia misma de un sistema de justicia. Cuando se habla de criminales, la indignación pública y el deseo de retribución suelen eclipsar la reflexión sobre sus derechos inherentes. Sin embargo, en esta búsqueda de justicia y orden, la negación de los derechos de cualquier individuo, incluso de aquellos que han cometido los actos más atroces, nos acerca peligrosamente a una tragedia moral que, a la larga, socava los derechos de todos.

La confusión es comprensible. El ciudadano honesto, víctima o potencial víctima del crimen, exige seguridad, justicia y que el Estado proteja su integridad y sus bienes. Sus derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la seguridad son fundamentales. Cuando estos derechos son violados por un delincuente, la respuesta instintiva es la condena y el deseo de castigo. Es aquí donde la psicología humana entra en juego: el anhelo de venganza, la necesidad de cerrar un ciclo y la creencia de que un criminal pierde todo derecho al cruzar la línea de la ley.

Sin embargo, los derechos humanos, tal como se conciben en las declaraciones internacionales (como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), son inherentes e inalienables a todo ser humano, por el simple hecho de serlo. No son privilegios que se conceden o se retiran en función del comportamiento. Esto significa que incluso una persona acusada o condenada por un delito grave conserva derechos fundamentales, entre ellos:

Derecho a un juicio justo: Esto incluye la presunción de inocencia, el derecho a ser escuchado, a tener un abogado (público si no puede pagarlo), a no ser torturado, a no ser obligado a autoincriminarse y a un proceso debido. Estos derechos buscan evitar condenas erróneas y abusos de poder. Por ejemplo, según el Proyecto Inocencia (Innocence Project) en EE. UU., más de 375 personas han sido exoneradas de delitos graves (incluyendo penas de muerte) gracias a pruebas de ADN desde 1989, demostrando que los errores judiciales son reales y los derechos procesales son vitales para proteger a los inocentes.

Derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes: Este es un derecho absoluto y no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en tiempos de guerra o terrorismo. La Convención contra la Tortura de la ONU (1984) prohíbe la tortura explícitamente y sin excepciones, siendo uno de los tratados de derechos humanos más ratificados a nivel mundial. A pesar de ello, organizaciones como Amnistía Internacional siguen documentando casos de tortura en prisiones y durante interrogatorios en numerosos países, incluso en 2025.

Derecho a la dignidad humana: Esto implica condiciones de detención humanas, acceso a atención médica, alimentación, vestimenta y un trato respetuoso, incluso para aquellos privados de libertad. La sobrepoblación carcelaria es un problema global. En México, por ejemplo, el Sistema Penitenciario reportó una sobrepoblación del 19.3% en 2023 en centros federales y estatales (según datos disponibles hasta la fecha), lo que dificulta garantizar condiciones dignas y fomenta la violencia, tal como señalan informes de la CNDH y otras organizaciones de derechos humanos.

Derecho a la rehabilitación y la reinserción social: El sistema penal moderno no busca solo el castigo, sino también la prevención del delito y la reintegración del individuo a la sociedad. Negar oportunidades de rehabilitación solo perpetúa el ciclo del crimen. Estudios de reincidencia muestran la importancia de programas de rehabilitación. Un informe del Bureau of Justice Statistics (BJS) de EE. UU. (2021) encontró que el 68% de los presos liberados en 24 estados fueron arrestados por un nuevo crimen dentro de los tres años siguientes a su liberación, si no recibían programas de apoyo efectivos para su reinserción. Esto subraya la necesidad de inversión en rehabilitación para la seguridad pública a largo plazo.

La psicología de la comunicación juega un papel crucial en este debate. La retórica de "mano dura" y "cero tolerancia" a menudo resuena con la frustración pública y el deseo de soluciones rápidas, pero puede llevar a políticas que, sin querer, erosionan los pilares de la justicia y la dignidad humana. Cuando se permite que el Estado viole los derechos de un criminal, se establece un precedente peligroso que puede extenderse a otros grupos oprimidos, desdibujando la línea para todos los ciudadanos. Es una tragedia histórica que se ha repetido en numerosos regímenes autoritarios a lo largo de la historia: el desprecio por los derechos de unos pocos precede al desprecio por los derechos de muchos.

La victoria para la sociedad no reside en un simple acto de castigo o en la negación de derechos, sino en la capacidad de mantener la balanza. Es la búsqueda constante de un equilibrio entre la seguridad pública (los derechos de la víctima y el ciudadano) y el respeto inquebrantable por la dignidad inherente de cada ser humano (incluso el delincuente). Este equilibrio es lo que nos distingue de las sociedades despóticas y lo que, en última instancia, garantiza que los derechos humanos sean un escudo para todos, y no solo para los que "se portan bien". Es una tarea moral y práctica que nos define como una sociedad verdaderamente justa y civilizada.